noviembre 21, 2023
Con razón se presta mucha atención a las medidas reguladoras de alto nivel adoptadas por las agencias federales y promocionadas en los discursos y en la prensa por el Presidente y sus representantes. Sin embargo, se oculta el manual de campo que explica cómo calculan las agencias los beneficios y costes de esas normas.
A principios de año, la Oficina de Gestión y Presupuestos (OMB, por sus siglas en inglés) propuso una revisión de la Circular A-4, que sirve de guía a los organismos federales que elaboran análisis de impacto normativo. Las actualizaciones de las directrices de la OMB no suelen atraer muchos titulares; sin embargo, los cambios que está estudiando el gobierno de Biden han suscitado importantes reacciones en contra, en particular en el Congreso, las autoridades estatales y el mundo académico, muchos de los cuales consideran que la OMB está manipulando el análisis beneficio-coste para determinar resultados políticos favorables. Modificaciones como la difuminación de los límites entre los efectos nacionales y extranjeros de la normativa propuesta y la reducción de la tasa de descuento para aumentar el valor de las futuras repercusiones normativas podrían tener importantes implicaciones para la normativa climática y los sectores afectados.
Aunque las decisiones reguladoras no se basan únicamente en el análisis beneficio-coste, éste es un aspecto fundamental de la transparencia y la responsabilidad del gobierno. Y lo que es más importante, este análisis es también una potente herramienta de defensa para los organismos que presentan sus argumentos a los responsables de la regulación de la Casa Blanca. Los defensores de las medidas reguladoras, desde funcionarios del gabinete hasta organizaciones sin ánimo de lucro, aprovechan este material para defender sus argumentos ante la opinión pública. Los medios de comunicación citan a menudo los resultados de estos análisis cuando cubren propuestas de normas, y muchos perciben los cálculos como evaluaciones neutrales libres de influencias políticas.
Las empresas y las asociaciones empresariales deben auditar sus recursos de advocacy para asegurarse de que disponen de las herramientas necesarias para articular eficazmente el impacto de la regulación federal en su comunidad y sus intereses. Es imperativo que las empresas, los particulares, las asociaciones sectoriales y los gobiernos se comprometan proactivamente con los legisladores, los funcionarios de la administración, los medios de comunicación y los líderes de opinión para garantizar que su perspectiva se promueve en medio de un panorama normativo cada vez más intenso.
Póngase en contacto con Wesley Wright si está interesado en saber cómo LSG puede ser su socio a la hora de comunicar eficazmente el impacto de las normativas federales en su empresa, los miembros de su asociación y sus stakeholders en general.