enero 25, 2024
El acceso a carreteras seguras, agua limpia y electricidad fiable son sólo algunos de los recursos fundamentales que todo estadounidense merece. Pero, como destacan con frecuencia los titulares de nuestras noticias, los proyectos de infraestructuras críticas que prometen ofrecer estos recursos a más estadounidenses pueden verse obstaculizados, a veces retrasados e incluso cancelados, en ausencia de estrategias eficaces de participación y comunicación con la comunidad.
¿Cómo gestionan las empresas y los gobiernos este riesgo, proporcionando al mismo tiempo a los mercados la confianza necesaria para invertir? En la nueva era del «No en mi patio trasero» («Not in My Backyard», NIMBY) y una mayor atención a la Justicia Medioambiental («Environmental Justice», EJ), la participación significativa de la comunidad debe ser una prioridad máxima para los ejecutivos encargados de la planificación estratégica del desarrollo de infraestructuras.
Durante más de un siglo, el análisis de los beneficios detrás del desarrollo de infraestructuras sirvió de piedra angular para obtener los permisos que conducen a la construcción. En resumen, demostrar que se está sirviendo al bien común. Sin embargo, el péndulo ha oscilado rápidamente en los últimos años para tener más en cuenta las preocupaciones de las comunidades afectadas por el proyecto. Para prepararnos mejor y abordar esta cuestión, debemos comprender cómo hemos llegado a esta coyuntura.
Aunque pueda parecer que el concepto de justicia ambiental ha ganado popularidad en los últimos años, la lucha coordinada por una aplicación equitativa de las leyes, reglamentos y políticas medioambientales se remonta al menos a principios de los años ochenta, con raíces en batallas locales que datan de mucho antes. El movimiento cobró fuerza en la década de 1990 gracias, entre otras cosas, a la fundación por el presidente George H. Bush del Grupo de Trabajo sobre Equidad Medioambiental en 1992 y a la promulgación por el Presidente Bill Clinton de la Orden Ejecutiva 12898, por la que se ordenaba al Gobierno de EE.UU. que incorporara la programación eficaz de la justicia medioambiental al proceso federal de toma de decisiones.
En las décadas siguientes, la justicia ambiental, así como los movimientos NIMBY, se han implantado firmemente en el lenguaje cotidiano de la cultura estadounidense. Estos esfuerzos han echado por tierra proyectos concebidos para ampliar el acceso de más estadounidenses a los recursos energéticos, las soluciones de transporte o las tecnologías de reducción de emisiones. Incluso en el caso de los proyectos que llegan a materializarse, los retrasos en los permisos y la construcción cuestan miles de millones a inversores y consumidores.
Así pues, volvamos a nuestra pregunta original: ¿Cómo podemos satisfacer las crecientes demandas de la sociedad y hacerlo de una manera que responda a una expectativa cada vez mayor de aumentar la responsabilidad medioambiental y social?
En LSG tenemos décadas de experiencia en este campo y ayudamos a nuestros clientes a moverse por la cuerda floja. Al igual que las comunidades, no hay dos proyectos iguales, pero he aquí algunos de los puntos clave que tenemos en cuenta a la hora de elaborar nuestra estrategia:
- Implíquese pronto: puede parecer fácil aplazar el inicio de la comunicación bidireccional con las partes interesadas hasta que se hayan ultimado todos los detalles, pero un compromiso temprano es fundamental para demostrar que se es genuino y bienintencionado. Muchas empresas tropiezan al principio porque piensan que necesitan todas las respuestas antes de hacerlo público, pero esto a menudo conduce a una reducción de los plazos para la participación y a una desconfianza tóxica con el público local, desconfianza que aumenta los costes y los plazos en la fase final.
- Escuchar: debe estar dispuesto a responder activamente a los comentarios que reciba en múltiples frentes. El equipo de Strategic Insights de LSG le proporcionará las herramientas para determinar cuáles son sus mejores mensajeros y perfeccionar su mensaje, y usted deberá estar dispuesto a reunirse con los líderes electos, los grupos comunitarios, los ciudadanos preocupados y otros, y ajustar su discurso en función de la información que reciba. Las encuestas periódicas y las pruebas de los mensajes siempre deben ir seguidas de un perfeccionamiento continuo del mensaje, al tiempo que proporcionan parámetros cuantitativos para seguir sus progresos.
- Comprométase a largo plazo: las partes interesadas y los organismos reguladores de su proyecto esperan mucho más que una reunión puntual con la comunidad o un ayuntamiento para informarles de sus esfuerzos y darles su opinión. Debe estar preparado para invertir en representantes de la empresa que vivan y trabajen en la región y puedan relacionarse a diario con las comunidades afectadas. Además, debe invertir en herramientas digitales que ofrezcan capacidad de escucha y respuesta rápida 24 horas al día, 7 días a la semana. Nuestros equipos de Stakeholder Engagement y Community Marketing proporcionan a las empresas los recursos necesarios para que todo esto suceda.
Las soluciones para abordar eficazmente los retos que plantea la concesión de permisos de infraestructuras no son sencillas, pero mediante una planificación estratégica y una participación significativa de la comunidad podemos mitigar mejor los riesgos y desarrollar proyectos que beneficien a todos los implicados. Póngase en contacto con Scott Castleman si está interesado en obtener más información sobre cómo LSG puede ser su socio en el desarrollo y ejecución de campañas eficaces de participación de la comunidad.